En lo que prometía ser una jornada conflictiva, la diligencia de desalojo de los equipos médicos de la Nueva EPS en la sede Clínica del Pilar, en Lorica, fue suspendida tras un acuerdo de última hora entre las partes involucradas.Por acuerdo entre las partes, se evitó la salida de equipos médicos y se garantizó la atención a miles de afiliados del Bajo Sinú.
La medida, que tenía encendidas las alarmas en la subregión del Bajo Sinú por el riesgo de afectar gravemente la prestación del servicio de salud a cientos de usuarios, fue frenada gracias a la intervención directa de funcionarios clave del municipio. En la reunión estuvieron presentes la secretaria de Salud, Ligia Torralvo, y el personero Elkin Romero, quienes actuaron como garantes del compromiso alcanzado.
Según trascendió, el conflicto giraba en torno a la permanencia de los equipos de la EPS dentro de las instalaciones de la clínica. La situación había generado tensión entre usuarios, trabajadores y autoridades, ante el temor de un inminente desmonte de servicios médicos en plena zona rural.
Con el acuerdo, se despeja temporalmente el panorama para los afiliados de la Nueva EPS en el Bajo Sinú, quienes podrán seguir recibiendo atención médica mientras se resuelve de fondo el litigio. Sin embargo, el caso deja en evidencia una vez más las grietas del sistema de salud en Colombia, donde los intereses contractuales muchas veces terminan enfrentándose al derecho fundamental de los ciudadanos a ser atendidos.
El caso, aunque por ahora neutralizado, no está cerrado. Las autoridades locales hicieron un llamado a las entidades involucradas a buscar una solución definitiva, sin poner en juego la vida ni el bienestar de la comunidad.
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