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Diego Badel fue baleado en un quinceañero luego de que asistentes desobedecieran la advertencia de apagar la música. El crimen, atribuido al Clan del Golfo, sería el primero durante el paro armado en Sucre y Córdoba.
La noche del sábado 5 de abril se tiñó de sangre en San Juan de Betulia, Sucre, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una fiesta de quince años y asesinó a un joven en represalia por no acatar una orden violenta: apagar la música. El crimen se produjo en medio del paro armado decretado por el Clan del Golfo en los departamentos de Sucre y Córdoba.


La víctima fue identificada como Diego Badel, un joven apreciado por su comunidad, quien había asistido al evento como cualquier otro invitado. Según testigos, él no tenía relación con los hechos que desencadenaron la ira de los armados, pero fue señalado por estos y atacado sin misericordia.


De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los criminales llegaron en la tarde con una advertencia clara: debían suspender la música y terminar la fiesta. Sin embargo, la celebración continuó. Hacia las 11:00 p.m., los hombres regresaron encapuchados, armados y visiblemente enfurecidos. Sin mediar palabra, se dirigieron hacia Badel y le dispararon en repetidas ocasiones. Cuatro impactos acabaron con su vida en cuestión de segundos.


El cuerpo del joven fue trasladado al hospital del municipio, pero ya no presentaba signos vitales. Afuera del centro médico, familiares y amigos rompieron en llanto y gritos de dolor.


En redes sociales circula un video que muestra el desgarrador momento en el que sus familiares, entre gritos y llanto, intentan reanimarlo a las afueras del hospital del pueblo. El dolor, la impotencia y el temor se apoderaron de una comunidad que hoy lamenta profundamente su pérdida.


Este asesinato sería el primero que se registra en el marco del paro armado anunciado por el Clan del Golfo, como represalia por la muerte de alias 'Chirimoya', cabecilla de esa organización, quien fue abatido en Córdoba por fuerzas especiales de la Dijín y la DEA. La situación ha encendido las alarmas en la región Caribe, donde varios municipios han amanecido con calles vacías, comercios cerrados y temor generalizado.


Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Policía o la Fiscalía. Sin embargo, líderes sociales y comunitarios han solicitado protección urgente ante el temor de que este sea apenas el inicio de una escalada violenta en los territorios controlados por esta estructura criminal.


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