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El proceso por la masacre en Chimá quedó en manos del Tribunal Superior de Montería, tras la negativa de los juzgados de Chinú, Sahagún y Cereté.

La investigación por el asesinato del ganadero sucreño Esteban Urueta González y sus trabajadores Gerardo de los Santos Marzola Coronado y Fredys Manuel Beleño Acosta, ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en Chimá, enfrenta un nuevo obstáculo: tres juzgados se declararon impedidos para llevar el caso, dejando la decisión en manos del Tribunal Superior de Montería.


El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú fue el primero en apartarse, argumentando que ya había resuelto en febrero un recurso de apelación sobre la medida de aseguramiento contra los procesados. Luego, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún también rechazó el caso, señalando que su titular había emitido previamente una opinión sobre los hechos, lo que comprometía su imparcialidad. Finalmente, el Juzgado Penal del Circuito de Cereté tampoco aceptó asumir la competencia, cuestionando la validez del impedimento de Sahagún y argumentando que ya había intervenido en decisiones previas del proceso.


Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería deberá definir cuál de los dos últimos juzgados deberá encargarse del juicio contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, a quienes la Fiscalía acusa de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, entre otros delitos.


Mientras se resuelve el trámite judicial, las autoridades han solicitado al Inpec el traslado de los imputados a la Cárcel Las Mercedes, donde permanecerán mientras avanza el proceso.


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