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| El policía Andrés Antonio Díaz Zabaleta atrajo con engaños a Kelly Zapateiro, la asesinó de un disparo y extrajo rudimentariamente al bebé de su vientre |
El crimen, perpetrado por el policía Andrés Antonio Díaz Zabaleta, conmocionó al país. Díaz atrajo a Kelly Zapateiro con engaños hasta la estación durante la noche y, tras asesinarla de un disparo, extrajo rudimentariamente al bebé de su vientre. Posteriormente, su pareja sentimental, Josefa Cardona Ortega, acudió a la Maternidad Rafael Calvo con el recién nacido, afirmando que había dado a luz en casa.
Las investigaciones revelaron la macabra verdad, y en 2015 ambos responsables fueron condenados a 60 años de prisión por desaparición forzada, secuestro simple y homicidio agravado.
El reciente fallo del Tribunal confirmó la responsabilidad del Estado por fallas graves en el servicio y dispuso una serie de medidas de reparación integral para los familiares de Kelly Zapateiro. Entre ellas:
- Indemnización económica: Pago de 380 salarios mínimos legales vigentes a los tíos y la abuela de la víctima.
- Memoria y sensibilización: Construcción de un parque en honor a la joven madre y la instalación de placas conmemorativas en la estación de Manzanillo del Mar y en la sede principal de la Policía Metropolitana de Cartagena.
- Formación con enfoque de género: Implementación de programas obligatorios para agentes policiales, orientados a prevenir actos de violencia de género y feminicidios.
- Creación de un observatorio: Seguimiento a casos de violencia de género cometidos por miembros de la fuerza pública.
Este fallo histórico, emitido por los magistrados Jean Paul Vásquez Gómez, Luis Miguel Villalobos Álvarez y Óscar Iván Castañeda Daza, busca no solo reparar el daño ocasionado a la familia de Kelly Zapateiro, sino también sentar bases para transformar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las mujeres en Colombia.
La tragedia, ocurrida hace una década, sigue siendo un llamado urgente a implementar reformas efectivas y prevenir que estos crímenes se repitan.
El Tribunal Administrativo de Bolívar ordena indemnización millonaria, medidas de memoria y capacitación para prevenir la violencia de género.
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