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La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, destacó la importancia de este acuerdo, asegurando que es un paso hacia la reconciliación social 
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio de Justicia, el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) anunciaron la firma de un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer los procesos de resocialización de las mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario de mediana seguridad de Montería, Córdoba.


El proyecto, que se implementará en un plazo de tres años, tiene como objetivo proporcionar a las internas del centro carcelario las herramientas necesarias para su integración social a través de la educación y el desarrollo de habilidades productivas. Según el comunicado oficial, se adecuarán espacios dentro del centro para la creación de proyectos que favorezcan tanto el aprendizaje integral como la producción y comercialización de bienes.


La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, destacó la importancia de este acuerdo, asegurando que es un paso hacia la reconciliación social y la oportunidad de ofrecer a las mujeres privadas de la libertad una segunda oportunidad. “Este es el comienzo para tantas mujeres que piden una segunda oportunidad, por sus hijos, sus familias y, sobre todo, por ellas mismas. Cuando es por trabajar por las mujeres de nuestro país, por la reconciliación, cuenten con nosotros”, expresó.


El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Francisco Palmieri, también resaltó la colaboración, subrayando que este proyecto contribuirá a un sistema penitenciario más justo y orientado hacia la resocialización.


Actualmente, el centro penitenciario de Montería alberga a 72 mujeres, de las cuales 31 están involucradas en actividades educativas, 31 en trabajos productivos y 6 en programas de enseñanza.


Este proyecto se configura como un modelo para futuras políticas públicas en el sistema penitenciario, enfocándose en la cooperación entre el sector público y privado para promover el desarrollo de capacidades productivas y educativas con un enfoque de género.



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