Más de 13 mil hectáreas han sido entregadas a familias campesinas como parte de la reforma agraria impulsada por el gobierno. |
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Felipe Harman Ortiz, ha identificado miles de hectáreas ocupadas de manera irregular por empresarios, políticos y grupos armados. A través de un esfuerzo conjunto con la Unidad de Víctimas, ya se han destinado $700 mil millones para adquirir y redistribuir tierras, beneficiando a cientos de familias afectadas por el desplazamiento forzado.
En municipios de Sucre y Bolívar, como El Salado y Chengue, donde ocurrieron algunas de las masacres más recordadas, los campesinos no solo están recuperando su sustento, sino también la esperanza. Ahora cultivan maíz, yuca y plátano, productos que comercializan con entidades locales, asegurando su autonomía económica.
A pesar de los avances, los desafíos persisten. La ANT ha denunciado presiones de actores locales y clanes familiares que buscan mantener el control de terrenos fértiles. Sin embargo, el gobierno y la Fiscalía trabajan para recuperar más predios y garantizar la reparación efectiva de las víctimas.
La experiencia de Montes de María se convierte en un ejemplo de cómo la justicia agraria puede transformar comunidades, devolviendo dignidad y construyendo un futuro de paz
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