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| La Agencia Nacional de Tierras denuncia la ocupación indebida de tierras que deberían ser entregadas a víctimas del conflicto y campesinos, revelando la complicidad de políticos, empresarios y actores violentos. |
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció hoy que al menos 16.000 hectáreas que debían ser entregadas a las víctimas del conflicto armado están siendo ocupadas indebidamente por empresarios, políticos y narcotraficantes en varias regiones del país. Según Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, se han identificado al menos 67 predios en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia, que debieron haber sido entregados al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) pero que siguen bajo control de clanes familiares y actores violentos.
El modus operandi del ‘Cartel de la Tierra’ implica la dilatación de los procesos de entrega mediante la presión de autoridades locales y, en algunos casos, la intervención de actores vinculados con estructuras paramilitares. Esto ha permitido que tierras asignadas por decisiones judiciales sigan en manos de aquellos que las ocuparon ilegalmente hace más de 20 años, sin que las víctimas hayan recibido ninguna reparación efectiva.
La ANT, en conjunto con la Unidad de Víctimas, ha avanzado en la adquisición de tierras mediante contratos de compraventa por un valor de $700 mil millones, logrando la recuperación de 53.000 hectáreas. Sin embargo, la agencia también trabaja junto con exjefes paramilitares que recientemente fueron nombrados como Gestores de Paz, con el fin de identificar y recuperar alrededor de 100.000 hectáreas para finalmente entregar estas tierras a los campesinos y víctimas del conflicto.
Una de las estructuras más representativas de este ‘cartel’ es la de Félix Gutiérrez, quien ha sido alcalde en varias ocasiones del municipio de Buenavista (Córdoba) y está vinculado a la Representante a la Cámara Ana Paola García. También se menciona a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como ‘Comandante Barbie’, quien controla un predio en Chimichagua (Cesar), antes propiedad del narcotraficante Ñeñe Hernández.
Por otro lado, se han recuperado dos predios de 954 hectáreas que habían sido ocupados ilegalmente por familiares de Víctor Carranza en Puerto López, Meta.
A pesar de los esfuerzos de la ANT, la situación sigue siendo compleja, con predios que no pueden ser entregados debido a la violencia y la presencia de grupos armados en las zonas afectadas. Además, algunos ocupantes irregulares, como la familia Méndez en Bolívar y Charif El Hadaui en Antioquia, siguen ejerciendo presión para mantener el control sobre tierras que deberían ser destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto.
La ANT, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, continuará trabajando para identificar los predios ocupados ilegalmente y avanzar en las investigaciones penales relacionadas con el manejo de estos bienes.
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