Tribunal de Barranquilla condenó a Salvatore Mancuso y 45 exintegrantes de las AUC por más de 1.300 crímenes en Norte de Santander

Los hechos incluyen masacres, desapariciones y desplazamientos forzados ocurridos entre 1999 y 2004. La sentencia contempla reparación a las víctimas y penas de hasta 40 años de prisión.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, emitió una sentencia histórica contra Salvatore Mancuso, antiguo líder del Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y 45 exintegrantes de esta organización ilegal. Fueron hallados responsables de 1.323 crímenes cometidos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004 en Norte de Santander.

Entre los hechos documentados en la condena figuran 568 homicidios, incluidas masacres emblemáticas como las de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 desapariciones forzadas; y 700 casos de desplazamiento forzado, afectando principalmente a población civil y líderes comunitarios.

De acuerdo con la Fiscalía, el Bloque Catatumbo instauró un régimen de terror basado en patrones de macrocriminalidad que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, ejecutando masacres, homicidios selectivos, amenazas, secuestros y violencia sexual. Las víctimas, muchas de ellas civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, fueron instrumentalizadas o injustamente acusadas de colaborar con otros grupos armados ilegales.

Salvatore Mancuso fue condenado a 480 meses de prisión, mientras que las penas de los demás procesados oscilan entre 240 y 480 meses. Adicionalmente, se les impuso una pena alternativa de ocho años de cárcel bajo los términos de la Ley de Justicia y Paz, así como multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes.

El fallo también ordena a los condenados reparar patrimonialmente los daños materiales y morales sufridos por las víctimas acreditadas en el proceso, como un reconocimiento del impacto devastador que estos crímenes dejaron en las comunidades afectadas. Esta decisión ratifica el compromiso de la justicia colombiana con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.