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Tras 63 días detenidos, los abogados de Cristian Petro y Juan Soto argumentan falta de pruebas; familiares de las víctimas piden justicia.

El caso de la masacre de Chimá continúa generando polémica en los tribunales. Este lunes 25 de noviembre, durante una extensa audiencia, los abogados defensores de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural, argumentando falta de pruebas y cuestionando las decisiones judiciales previas.


Según el abogado Lesmer Quintero, la jueza Promiscua Municipal de Chimá desestimó pruebas clave de la defensa, lo que calificó como "vías de hecho". Por su parte, Luis Antonio González, otro de los defensores, afirmó que la medida debe ser anulada por falta de motivación jurídica.


Sin embargo, la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de las familias de las víctimas —Esteban Urueta, Fredy Beleño y Gerardo Marzola— insistieron en mantener la decisión de trasladar a los acusados a una cárcel bajo custodia del INPEC, resaltando la gravedad del caso y el riesgo de fuga.


Los procesados, quienes fueron capturados el 17 de octubre en Cartagena, permanecen en un centro transitorio en Montería. Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia y respuestas ante lo que consideran un intento por entorpecer el proceso judicial.



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