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Falsedades, abuso de poder y persecución judicial: el proceso de extinción de dominio más antiguo de la Fiscalía ha colapsado tras una década de irregularidades, según revela un expediente.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la justicia en Colombia. Un expediente al que SEMANA tuvo acceso expone las graves irregularidades en uno de los casos de extinción de dominio más costosos y prolongados en el país, que involucra a magistrados del Tribunal de Bogotá y directivos de la Fiscalía.


El proceso, que lleva más de diez años sin resolverse, comenzó contra José Ignacio Álvarez Meyendorf y otras 40 personas, con bienes avaluados en más de dos billones de pesos. Pese a la orden de la Corte Suprema de Justicia de finalizar la investigación y devolver los bienes incautados, fiscales y magistrados han alargado injustificadamente el proceso.


Las denuncias de los afectados señalan falsedades en notificaciones, excusas de errores "involuntarios" y una maraña judicial que involucra a altos funcionarios de la Fiscalía, como José Uriel Acero, exfiscal del caso, y el director de extinción de dominio, José Iván Caro. Mientras tanto, los bienes incautados, valorados en más de 109.000 millones de pesos, se deterioran, sin que la justicia actúe conforme a los fallos emitidos.


La trama parece tener conexiones profundas que llegan hasta la Corte Suprema, donde las decisiones tardías y el incumplimiento de fallos de tutela han dejado a los afectados sin respuestas, en medio de una justicia que, al parecer, se enreda en su propio poder.

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