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| Gustavo Petro, presidente de Colombia; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial; Juan Carlos Lemus, auditor del partido Unión Patriótica, y María Lucy Soto, auditora del movimiento político Colombia Humana. |
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes lideraron la ponencia, encontraron evidencias suficientes para considerar que la campaña de Petro incurrió en irregularidades que sobrepasaron los 5.000 millones de pesos en gastos no reportados. Según el análisis presentado, la violación de los topes en la primera vuelta alcanzó los 3.708 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta se registró un exceso de 1.646 millones de pesos.
Entre los elementos que los magistrados examinaron a lo largo de varios meses se incluyen pagos a testigos electorales, así como presuntas donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Unión Sindical Obrera (USO). También se investiga la supuesta participación de la empresa de criptomonedas Daily Cop en el financiamiento de la campaña.
La votación para abrir la investigación se realizó tras la rotación del expediente, un proceso que fue solicitado inicialmente de manera colectiva, y posteriormente por la magistrada Alba Lucía Velásquez y el magistrado Altus Baquero. Este desarrollo marca un hito en la contienda electoral, generando gran expectativa en el ámbito político y social, donde se clama por transparencia en la financiación de campañas.
El CNE ahora tendrá la responsabilidad de determinar las consecuencias legales de estas acusaciones, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro político de los involucrados y en la confianza ciudadana hacia el sistema electoral colombiano.
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