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Los uniformados, vinculados a un operativo en Chochó en 2022, recibieron sanciones por su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a un teniente coronel y ocho patrulleros de la Policía Nacional por su implicación en el asesinato de tres jóvenes durante un operativo en Chochó, Sucre, el 25 de julio de 2022. El operativo se realizó tras el asesinato de un patrullero en Sampués, lo que desencadenó una “operación candado” en la zona.


Los tres jóvenes, identificados como Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras, fueron detenidos por miembros del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. Según la Procuraduría, los jóvenes fueron trasladados en un vehículo policial para recibir atención médica por lesiones, pero durante el trayecto hacia la clínica María Reina de Sincelejo, fueron asesinados a tiros por el entonces teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo.


Núñez Jaramillo, quien se desempeñaba como comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en el momento de los hechos, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 19 años, tras ser declarado responsable de una "falta gravísima".


Además, la Procuraduría sancionó a los suboficiales Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana. Estos uniformados fueron condenados por prevaricato por omisión y abuso de autoridad, y recibieron sanciones de destitución e inhabilitación por períodos de entre 11 y 15 años, por no haber protegido la vida de los detenidos.


La entidad reiteró que estas acciones representan graves violaciones a los derechos humanos y reflejan un abuso de poder en el manejo del operativo.

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