Confesos asesinos del ganadero Esteban Urueta quedaron en libertad por demoras en la orden de captura.
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| Pese a los llamados que hizo el hijo de una de las víctimas, no se emitieron a tiempo las órdenes de captura contra los dos hombres. |
En un caso que ha generado indignación en Córdoba, los confesos asesinos del ganadero Esteban Urueta y sus dos empleados, Fredys Manuel Beleño y Gerardo de los Santos, quedaron en libertad debido a que no se emitió a tiempo la orden de captura. Los tres hombres fueron hallados enterrados en una finca del municipio de Ciénaga de Oro el pasado 12 de septiembre.
El hecho, que consternó a la región, comenzó el 10 de septiembre, cuando Urueta desapareció en la vía que conecta los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica, tras dirigirse a una de sus fincas luego de recibir una llamada de uno de sus empleados. Su camioneta fue encontrada horas después abandonada en Buenavista. Los cuerpos de Urueta y sus trabajadores fueron descubiertos días después, lo que llevó a la captura de los responsables, Cristian Petro y Juan Soto, quienes confesaron el crimen ante las autoridades.
Sin embargo, Carlos Andrés Beleño Romero, hijo de una de las víctimas, denunció que, a pesar de las confesiones y de haber señalado el lugar donde enterraron los cuerpos, las órdenes de captura no fueron emitidas oportunamente. Según su testimonio, aunque los asesinos se encontraban bajo custodia en una sede del Gaula, la captura no fue legalizada, lo que permitió su liberación.
La orden de captura finalmente fue expedida por un juez de control de garantías a las 9:00 p.m. del 13 de septiembre, pero para ese momento, Petro y Soto ya estaban en libertad. Ante esta situación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con el paradero de los implicados.
El abogado de los confesos asesinos, Lesmer Quintero Argel, aseguró que sus defendidos buscarían comparecer ante la Fiscalía con garantías, argumentando que no se habían confabulado con grupos criminales y que guardaron silencio legítimamente durante los interrogatorios.
El caso sigue en investigación, mientras las familias de las víctimas claman por justicia y celeridad en el proceso para poder despedir dignamente a sus seres queridos.
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