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Investigación reveló que 10 empresas comercializadoras de energía habrían sido beneficiadas con contratos de la hidroeléctrica Urrá
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, emitió un comunicado en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la empresa de generación y comercialización de energía Urrá S.A. E.S.P.


La controversia surgió a raíz de una investigación realizada por Jorge González, publicada en ‘W Radio’, que reveló que 10 empresas comercializadoras de energía habrían sido beneficiadas con contratos de la hidroeléctrica Urrá, a pesar de no cumplir con los criterios técnicos necesarios para su asignación. Estos contratos sumarían un total aproximado de 1,4 billones de pesos.


Entre las empresas mencionadas en la investigación, destacan Generarco S.A., Energeticos ESP (ENE), y Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), las cuales, según informes, tendrían vínculos con personas cercanas a la Casa de Nariño.


En su comunicado, las carteras de Hacienda y Energía aclararon que, de acuerdo con los estatutos de Urrá S.A. E.S.P., la celebración de contratos de energía no requiere aprobación de la junta directiva. Sin embargo, mencionaron que se tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en el marco de la política del Gobierno Nacional por la justicia tarifaria, especialmente en la Región Caribe.


El Gobierno ha solicitado a Urrá S.A. E.S.P. llevar a cabo una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense para disipar cualquier duda respecto a estos contratos. Además, a finales de julio, los ministerios instruyeron a sus representantes en la junta directiva de Urrá a exigir al gerente encargado, Eduardo Díaz, la suspensión de cualquier contrato de venta de energía.


El comunicado también abordó un caso relacionado con la destitución de Rafael Amaya Del Vecchio como presidente de Urrá a principios de 2024. Aunque un fallo inicial ordenó su reintegro, la hidroeléctrica impugnó la sentencia, y el Tribunal Superior del Distrito de Montería revocó la decisión. La junta directiva de Urrá ratificó posteriormente la terminación del contrato de Amaya Del Vecchio.


Las investigaciones continúan, y se espera que las auditorías arrojen luz sobre la legalidad de los contratos cuestionados.


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