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| Entre los investigados están Wadith Manzur y Julio Chagüi, representantes de Córdoba, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. |
La Fiscalía General de la Nación ha radicado una solicitud de audiencias de imputación y medida privativa de libertad contra Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Este avance en el caso de corrupción revela un dato relevante: la Fiscalía ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar la posible participación de nueve congresistas.
Entre los congresistas que serán investigados por la Corte Suprema se encuentran los presidentes de Senado y Cámara de Representantes. La lista incluye a:
Julián Peinado Ramírez
Juan Diego Muñoz Cabrera
Iván Leonidas Name Vásquez: Presidente del Senado.
Andrés David Calle Aguas: Presidente de la Cámara de Representantes.
Karen Astrith Manrique Olarte: Representante a la Cámara por la circunscripción de paz de Arauca.
Julio Elías Chagüi Flórez: Senador del partido de La U, representante de Córdoba.
Juan Pablo Gallo Maya: Representante del Partido Liberal, nacido en Pereira y exalcalde de su ciudad.
Wadith Alberto Manzur Imbett: Presidente de la Comisión de Acusación y representante por Córdoba.
Liliana Esther Bitar Castilla
La investigación liderada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha identificado diversas actuaciones ilegales en varios procesos contractuales de la UNGRD, como la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua potable en La Guajira. Las personas mencionadas serán vinculadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Además, la Fiscalía ha encontrado menciones y evidencia que implican la posible participación de estos nueve congresistas en los hechos de corrupción, con sobornos que alcanzan los 4.000 millones de pesos.
Este escándalo ha puesto en la mira a altos funcionarios y legisladores, destacando la necesidad de una profunda investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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