En un desafío directo al gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, ha anunciado su determinación de seguir entregando obras de infraestructura y servicios públicos en las zonas del Alto Sinú y Alto San Jorge, donde la presencia estatal es mínima.Las comunidades locales enfrentan intimidación y falta de protección estatal frente a las actividades del grupo armado.
Según informes de Conexión Noticias, el EGC convocó a una reunión con comunidades campesinas del Alto Sinú en la vereda Crucito, Tierralta, antes de inaugurar un puesto de salud y una ambulancia fluvial en Santa Isabel del Manso. Durante esta reunión, miembros del grupo armado ilegal afirmaron su compromiso de construir más centros de salud en la región, siendo el próximo proyecto en la vereda Bocas del Manso, con características similares al de Santa Isabel.
Además, el EGC dejó claro que ellos asumirán la responsabilidad de todas las obras en la zona y rechazarán cualquier proyecto del gobierno Petro. "No queremos que las comunidades acepten beneficios del gobierno", declaró un comandante del Clan del Golfo presente en la reunión.
Las comunidades locales se encuentran en un estado de zozobra y temor debido a las advertencias del grupo armado contra asociaciones campesinas como ASODECAS y ASCSUCOR, a las que han calificado de "extrema izquierda", mostrando su oposición a cualquier ideología comunista o de izquierda.
"Nos sentimos intimidados y maniatados; nos toca seguir las órdenes del Clan del Golfo porque no hay ninguna autoridad que nos proteja, y tenemos miedo de denunciar por posibles represalias", expresó una fuente bajo condición de anonimato.
A pesar de la evidente presencia ilegal y las actividades del EGC en la región, las autoridades departamentales y municipales parecen no estar al tanto de la situación. "Instamos a las autoridades locales y departamentales a investigar estos hechos y no alegar desconocimiento de la situación", concluyó la fuente.
El Clan del Golfo ha extendido estas acciones a otras regiones del país, como el sur de Bolívar, Bajo Cauca y ahora el sur de Córdoba, incrementando la preocupación por la seguridad y el orden público en estas áreas vulnerables.
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