La red criminal integrada por un sargento del Ejército y varios civiles que suministraban información sobre movimientos militares en el Magdalena Medio |
Una investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) y la Dijin de la Policía reveló una red criminal integrada por un sargento del Ejército y varios civiles que suministraban información sobre movimientos militares en el Magdalena Medio a alias Pedro, cabecilla del bloque 37 de las disidencias.
El sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias Kevin, aprovechó su posición en el Batallón de Contrainteligencia Nº 2 del Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja (Santander) para proporcionar información sobre movimientos de tropas a las estructuras 33 y 37 de las disidencias de las FARC. Esta información se utilizó para ejecutar acciones terroristas.
Junto a Garzón Lozano, fueron capturados Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona, y Karen Margarita Dávila Sánchez. Garzón Lozano entregaba información relevante a Alzate, que luego se pasaba a los cabecillas del bloque Magdalena Medio de las disidencias para cometer atentados contra la Fuerza Pública en Bucaramanga (Santander) y varios municipios del Catatumbo.
Ruth Caballero Ardila vigilaba establecimientos de comercio en Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander) para identificar posibles víctimas de extorsión. El 9 de junio de 2023, facilitó la ubicación e identificación de alias ‘Perro Kimber’, integrante de un grupo armado ilegal, quien fue asesinado.
Karen Margarita Dávila Sánchez prestaba su cuenta bancaria para recibir dinero de extorsiones en Medellín (Antioquia). Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2023, recibió 23 millones de pesos enviados por una comerciante de cerveza en Santa Rosa (Bolívar).
Los cuatro implicados fueron capturados por la Policía Nacional en Medellín (Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y Yopal (Casanare). Se les incautaron una pistola 9 milímetros, dos proveedores, 11 celulares, cuatro computadores portátiles, un disco duro y tres memorias USB.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, extorsión y asesoramiento a grupos armados organizados. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados, quienes fueron privados de la libertad en centro carcelario por orden del juez de control de garantías.
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