El proyecto, aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes con 86 votos a favor y 32 en contra, tiene como objetivos principales fortalecer la administradora estatal Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones y ampliar la cobertura. Sin embargo, analistas y gremios han expresado preocupaciones sobre posibles impactos negativos en los mercados de capitales y las finanzas públicas.
La reforma mantiene la edad de pensión en 62 años para hombres con 1,300 semanas de aportes y en 57 años para mujeres, aunque reduce las semanas exigidas a estas últimas a 1,000 semanas. Además, introduce un beneficio para las mujeres que han tenido hijos, permitiéndoles reducir gradualmente el tiempo de cotización requerido.
Entre las disposiciones destacadas, se establece la creación de un fondo de ahorro público para garantizar el pago de las pensiones y un Sistema Integral de Protección a la Vejez. Todos los colombianos que ganen hasta 2.3 salarios mínimos mensuales deberán aportar a Colpensiones, mientras que aquellos con ingresos superiores podrán optar por un fondo de pensiones privado para sus excedentes, administrados por el Banco Central.
Además, se crea un pilar semicontributivo para adultos mayores que no cumplan los requisitos para una pensión completa, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y sus propios aportes. Por último, se incluye un pilar solidario para personas en situación de pobreza que no contribuyeron al sistema, proporcionándoles un beneficio económico mensual.
Esta reforma, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, representa un paso significativo hacia las promesas de campaña de Petro de reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Aunque enfrentó oposición y críticas, la aprobación en el Congreso marca un avance clave en su agenda legislativa, tras recientes reveses en otras reformas económicas y sociales propuestas por su gobierno.
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