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| Alerta Temprana emitida ante riesgo para población civil y violaciones de derechos humanos |
La presencia y el intento de dominio poblacional de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) representan un grave peligro para varios municipios cordobeses, según advierte la Defensoría del Pueblo, que ha emitido la Alerta Temprana 011 de 2024.
Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento se encuentran entre los municipios en riesgo, donde se pretende imponer la presencia de esta estructura armada ilegal. La Defensoría ha formulado 17 recomendaciones que incluyen medidas de prevención y protección para las comunidades afectadas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que esta alerta también se emite por la posible violación del derecho internacional humanitario debido al accionar indiscriminado de estos grupos armados ilegales.
El incremento del narcotráfico, el uso del territorio para actividades ilícitas y la disputa territorial entre grupos armados ilegales y locales de delincuencia organizada son algunas de las causas del riesgo para la población civil en estos municipios.
Las comunidades afectadas, que incluyen áreas rurales y el núcleo indígena Zenú, están vinculadas ancestralmente a la región, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la expansión de las AGC. La finalidad de esta expansión es crear zonas seguras para actividades criminales y establecer corredores de movilidad hacia otras regiones.
El conflicto entre el Frente Javier Yepes Cantero y el Frente Manuel José Gaitán, ambos de las AGC, junto con grupos ilegales aliados, ha generado un escenario de disputa asimétrica que aumenta los riesgos para las comunidades locales y provoca violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
El Defensor del Pueblo alerta sobre el aumento de homicidios selectivos, el crecimiento del mercado local de sustancias ilícitas y la extorsión, entre otras violaciones de derechos humanos. La situación demanda una respuesta urgente por parte de las autoridades para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.
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