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En el despacho del Tribunal de Barranquilla, pesan 33 medidas de aseguramiento contra Mancuso Gómez, relacionadas con su presunta responsabilidad en un total de 34.704 crímenes y otros delitos graves cometidos durante su liderazgo en los grupos paramilitares.
Además de estas medidas, Mancuso enfrenta otras 14 órdenes de aseguramiento emitidas por un magistrado en Bogotá.
El magistrado de control de garantías argumentó que la resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz presenta serios vicios y es inconstitucional, pues en la práctica otorgaría un indulto, el cual solo se aplica para delitos políticos. Otorgar este beneficio por crímenes de guerra y lesa humanidad afectaría los derechos de las víctimas.
La procuradora delegada Diana Niño también se opuso firmemente a la suspensión de las medidas de aseguramiento contra Mancuso, argumentando que la designación como gestor de paz carece de claridad sobre su alcance y no se sustenta en una solicitud coherente del Gobierno Nacional.
Según Niño, esta decisión va en contra de los objetivos de Justicia y Paz, que buscan verdad, justicia y reparación para las víctimas de los crímenes atribuibles a Mancuso. Además, señaló que Mancuso no representa a las extintas autodefensas, ya que el proceso de desmovilización en Santa Fe de Ralito ocurrió hace más de diez años.
Por otro lado, Mancuso defendió su nombramiento como gestor de paz, afirmando que busca facilitar el diálogo con grupos armados como el Clan del Golfo para cerrar el capítulo de Santa Fe de Ralito, donde se iniciaron los diálogos de paz. Solicitó que organizaciones internacionales y países amigos actúen como garantes y verificadores de su labor como gestor de paz.
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