Hernández Pérez, condenado en ausencia en 2010 a 35 años de cárcel por este crimen que conmocionó a la sociedad cordobesa, alega irregularidades en el proceso penal, incluyendo falsos testimonios y omisión de pruebas a su favor. El homicidio de Iguarán, aspirante a la rectoría, ocurrió en circunstancias controvertidas, vinculadas a la toma de control de la universidad por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La víctima fue citada a una reunión en la casa del entonces rector encargado, Víctor Hugo Hernández, quien, según Hernández Pérez, orquestó una trampa mortal en colaboración con las AUC. El crimen fue perpetrado por un comando armado en la Urbanización Villa del Río, dejando a Iguarán acribillado con 20 disparos frente a los presentes.
Hernández Pérez se somete voluntariamente a la JEP con el compromiso de aportar a la verdad sobre este caso emblemático. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas remitirá la decisión a la Sala de Reconocimiento para evaluar si la información contribuye al esclarecimiento de este y otros hechos en el marco del caso 08 que investiga la situación territorial de Urabá y el Norte del Chocó.
Esta aplicación del enfoque restaurativo de la justicia transicional en un caso de violencia paramilitar busca arrojar luz sobre los eventos que aún presentan incertidumbre, ofreciendo esperanza para descubrir la verdad plena detrás de este trágico suceso.
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