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La violencia contra los líderes sociales en Córdoba ha alcanzado niveles alarmantes en lo que va de 2023. Seis defensores de los derechos humanos han perdido la vida en circunstancias violentas, destacando un patrón perturbador que afecta negativamente a la comunidad y sus luchas por la justicia y los derechos fundamentales.


El último caso reportado es el asesinato de Luis Mendoza, presidente de la junta de acción comunal de Los Rosales, en Sahagún. Su cuerpo, marcado por impactos de bala y signos de violencia, fue hallado en la jurisdicción del corregimiento Cintura, área rural de Pueblo Nuevo. Mendoza era conocido por su dedicación a los derechos de los campesinos en la zona de La Mojana, siendo una figura respetada en su comunidad.


Este trágico suceso se suma a otros cinco asesinatos de líderes sociales en Córdoba en el transcurso de este año. El 26 de agosto, Edwin Tapia Gaviria, líder reclamante de tierras y tesorero de la junta de acción comunal de Palmira, fue víctima de un ataque mortal en Tierralta. El 4 de febrero, en el mismo municipio, Jorge Luis Jaraba Plata, líder campesino y miembro de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), fue acribillado a tiros.


Mary Cruz Petro, líder indígena del cabildo Cantagallo en Ciénaga de Oro, fue asesinada el 25 de abril. Luis Gabriel Pereira, activista de derechos humanos, sufrió un destino similar el 10 de mayo en Ciénaga de Oro. Finalmente, Emiro Nel Sánchez Medrano, reclamante de tierras y presidente de la Fundación de Restitución de Tierras (FUVIRTCAN), fue asesinado el 12 de junio en San Pelayo.


La Defensoría del Pueblo ha denunciado estos crímenes como violaciones flagrantes de los derechos humanos y ha instalado a las autoridades para tomar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la seguridad de los líderes sociales.

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