La Defensoría del Pueblo ha emitido una alarmante advertencia sobre la crítica situación sanitaria y alimentaria en el establecimiento penitenciario Las Mercedes, ubicado en Montería. En una reciente visita, se ha evidenciado un alto riesgo de violación de los derechos humanos de la población carcelaria.
Durante la inspección, se ha constatado un desbordamiento del sistema de alcantarillado en el pabellón que alberga a las mujeres, una situación que se agrava con el tiempo, generando una verdadera emergencia sanitaria. Este problema se extiende a las áreas circundantes de la cárcel.
Además, se ha señalado que el servicio de salud dentro del centro penitenciario presenta deficiencias, ya que las citas y cirugías de baja y mediana complejidad se programan en Montería, pero a menudo se autoriza su realización en otros departamentos, lo que provoca dificultades en el transporte de los pacientes. Como resultado, muchos reclusos han estado esperando citas y exámenes clínicos durante más de un año, a pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y de las gestiones de la dirección de la prisión, así como de las acciones legales. La falta de respuesta positiva en estos casos pone en riesgo la vida de los internos.
La entrega de medicamentos y la calidad de la alimentación también son motivo de preocupación, ya que los medicamentos pueden retrasarse hasta dos semanas y, en ocasiones, no se suministran. En cuanto a la comida, se ha informado que tiene un bajo contenido de proteínas y a veces llega en mal estado, según las denuncias de los reclusos.
En vista de esta situación de violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo insta a las entidades pertinentes, incluida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo que resulte en una solución rápida y eficaz. Es imperativo garantizar los mínimos constitucionales para la población carcelaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario