Córdoba y Bolívar, epicentros de violencia en las elecciones 2023

El pasado 29 de octubre, las elecciones territoriales en Colombia se vieron empañadas por una ola de violencia que abarcó más de un centenar de hechos en todo el país. Destacando entre los departamentos más afectados se encuentran Bolívar y Córdoba, en la región de Caribe.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo sobre el riesgo de disturbios en varias regiones del país debido a inconformidades electorales e injerencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro rechazó estas advertencias.

En la región Caribe, se produjo un trágico episodio cuando una funcionaria de la Registraduría de Gamarra, Cesar, perdió la vida en una asonada. Pero la violencia se propagó a otros departamentos de la Costa, donde se quemó o destruyó material electoral en 13 localidades, incluyendo Cauca, Antioquia, Boyacá, Cesar, Córdoba, Nariño, La Guajira, Tolima, Putumayo y Bolívar.

Además, oficinas de la Registraduría en departamentos como Cauca, Córdoba, Nariño, Bolívar, La Guajira y Cesar también fueron objeto de asonadas. Otros bienes públicos resultaron atacados en varias localidades.

Según las autoridades, los cinco departamentos con el mayor número de eventos de conflicto fueron Cauca, Bolívar, Córdoba, Santander y Chocó. La Defensoría explicó que el 47% de la violencia se debió al desconocimiento de resultados electorales y el 26% a presuntas irregularidades electorales.

Expertos sugieren que las declaraciones del presidente Gustavo Petro y miembros de su partido, Colombia Humana, pueden haber contribuido a la polarización y la violencia que rodeó estas elecciones. La falta de una cultura de aceptación de diferencias políticas también se señala como un factor.

A pesar de las alteraciones del orden público, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral anunciaron que los escrutinios continuarán en el marco del debido proceso administrativo.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido un aumento del 41% en la conflictividad social en el país en el primer semestre del año, destacando bloqueos, plantones, marchas y disturbios como las principales formas de expresión de insatisfacción o inconformidad de los ciudadanos. La entidad hizo un llamado a las autoridades para escuchar a las comunidades y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.