La Procuraduría General ha ampliado su investigación sobre el hecho ocurrido el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas de Manso, en Tierralta, Córdoba. Hasta el momento, han surgido nuevas líneas de investigación después de recopilar evidencia física y testimonial. Durante la visita, la comisión especial de la Procuraduría ha escuchado a una vez miembros de la fuerza pública y residentes locales.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, ha proporcionado detalles alarmantes sobre lo sucedido. Según testimonios, el Ejército llegó a intimidar y amenazar a la población civil, encañonándolos y obligándolos a permanecer boca abajo durante un prolongado período. Estos actos de violencia y maltrato duraron tres horas y medios.
Los testimonios también han confirmado que un grupo de aproximadamente diez personas, que se presentaron como disidentes de las Farc, atacaron a la población civil, agravando el miedo y la inseguridad en la región. Estas declaraciones han subrayado la falta de protección y la ausencia del Estado en la zona.
Debido a la gravedad de la situación, la Procuraduría General ha solicitado la presencia de una comisión de alto nivel del Gobierno en la región para escuchar las preocupaciones de los residentes.
El comandante del Ejército, general Luis Fernando Ospina, confirmó que diez militares involucrados en este incidente han sido retirados del servicio. El caso también incluye denuncias de violación sexual, que están siendo investigadas.
El episodio de violencia en la vereda Bocas de Manso ha conmocionado a Colombia. Los uniformados llegaron a la comunidad, haciendo creer que eran disidentes de las Farc, pero luego revelaron su verdadera identidad como militares. Amenazaron y amedrentaron a los residentes, incluyendo a mujeres, niños y adultos mayores. Además de las amenazas, se han reportado abusos sexuales y robos perpetrados por los militares, lo que ha generado indignación y condena en todo el país.
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