Después de que el general retirado William Torres Escalante y otros miembros de la Fuerza Pública reconocieran su participación en ejecuciones extrajudiciales en Casanare, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre su mandato durante el período 2002-2010, refutando las acusaciones que lo vinculan con estos crímenes. , a pesar de que la mayoría de los casos ocurrieron durante su gobierno.
Uribe cuestionó que estos reconocimientos se están realizando bajo la justificación de que se "exigían resultados", admitiendo que esa era una realidad, pero subrayó que fue una respuesta a las quejas de los ciudadanos sobre secuestros, extorsiones y asesinatos. "Ser exigente era mi deber en un país y en departamentos como El Casanare donde narcoguerrillas y narcoparamilitares asolaban a la ciudadanía", agregó el expresidente.
Además, Uribe criticó el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmando que fomenta la confesión de delitos no cometidos y permite presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, incluso si sus familias no lo sabían.
En respuesta a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de reconocer los crímenes cometidos en gobiernos anteriores. Señaló que por primera vez un general de la república ha confesado crímenes de lesa humanidad en gobiernos pasados, donde se asesinaron sistemáticamente a millas de jóvenes inocentes. Petro también mencionó que ni siquiera en las peores dictaduras militares de América Latina se llegó a un volumen tan alto de asesinatos como en Colombia.
El presidente defendió la JEP y rechazó las críticas de Uribe hacia este mecanismo de justicia. Subrayó que la justicia no debe ser utilizada para la venganza, sino para llegar a un proceso de reconciliación social a través de la verdad, que no proviene del Estado, sino de las víctimas y la sociedad.
Petro también explicó que la reconciliación implica un proceso histórico que va más allá de los cambios institucionales y requiere garantías plenas y actuales de los derechos fundamentales de las personas.
Uribe, sin embargo, expresó su escepticismo sobre los procesos en la JEP y argumentó que los miembros de la Fuerza Pública están reconociendo los crímenes debido al incentivo de la libertad que se les ofrece.
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