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Un nuevo ataque contra la población civil ha conmocionado a Tierralta, en el sur del departamento de Córdoba. Las imágenes, compartidas en redes sociales, capturaron el acto irracional perpetrado por un grupo de uniformados que intimidó brutalmente a campesinos, incluyendo mujeres con bebés en brazos y niños.


El ataque, que ha causado indignación y rechazo tanto en los habitantes de Córdoba como en las autoridades, fue denunciado inicialmente como obra de disidencias de las Farc. Sin embargo, una posterior investigación confirmó que los responsables eran miembros del Ejército.


En el video, los uniformados maltratan verbalmente a los habitantes de la vereda El Manso, llegando incluso a amenazar con dispararles, apuntando sus armas directamente a sus cabezas. Algunas mujeres presentes en el lugar decidieron enfrentar a los agresores y exigir respeto.


Ante esta situación, una de las mujeres les recuerda a los hombres uniformados que este tipo de acciones viola los derechos humanos y la Constitución. En respuesta, uno de los agresores levanta su arma y apunta hacia ella.


Otra mujer, visiblemente molesta, les pregunta a los militares a qué grupo armado pertenecen y por qué están cometiendo estos abusos. En medio de los reclamos, uno de los hombres carga su arma y se dirige amenazantemente hacia la mujer.


El video también captura el llanto de varios menores de edad, quienes están atemorizados por la situación.


Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, inicialmente atribuyó el hecho a disidencias de las Farc y exigió al Gobierno Nacional garantías para la seguridad de la región en el contexto de la estrategia de "paz total". Posteriormente, tras conocerse la verdadera identidad de los agresores, Benítez llamó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa Iván Velásquez a tomar medidas para proteger a los ciudadanos intimidados y garantizar la tranquilidad en la región, así como para blindar el proceso electoral y asegurar el derecho a elegir de la población.


Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación, aseguró que “se conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.





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