Atacado helicóptero de comisión investigadora en Tierralta, Córdoba: Procuraduría, Fiscalía y Defensoría a salvo

Un helicóptero del Ejército, transportando a una comisión de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo para investigar eventos en Tierralta, Córdoba, fue atacado. Se informa que el helicóptero sufrió un impacto en el tanque de combustible, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Carepa, Antioquia. Afortunadamente, todos los ocupantes resultaron ilesos.

En el helicóptero viajaban 20 delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, designados para la recolección de pruebas en Tierralta. Mientras se acercaban a la zona, fueron hostigados por individuos armados con armas de largo alcance. Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Ejército, se espera un informe actualizado sobre los eventos en el transcurso del miércoles 13 de septiembre.

La Fiscalía General de la Nación también ha intervenido en el caso, conformando un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos para llevar a cabo las investigaciones pertinentes en el territorio. La intención detrás de la supuesta actuación de los militares disfrazados de guerrilleros aún no está clara.

El consejo extraordinario de seguridad, que tuvo lugar la tarde del miércoles y en el que participó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, delegados del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Ejército Nacional, Acordó una serie de medidas para garantizar la seguridad y el desarrollo de las investigaciones en la región. Las autoridades locales también solicitaron el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la vereda para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sujetos especiales de protección.

Además, el próximo jueves, 14 de septiembre, los ministros del Interior y de Defensa viajarán hasta la vereda Bocas del Manso para instalar una mesa de diálogo con la comunidad, restablecerles sus derechos, garantizar la no repetición de estos hechos y evaluar la asistencia humanitaria. en la zona, en colaboración con las autoridades departamentales y municipales.

La Procuraduría General de la Nación llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre el caso, y un grupo interdisciplinario liderado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se trasladará a la vereda para apoyar las investigaciones.

La Justicia Penal Militar también ha abierto una investigación preliminar por abuso de autoridad especial. Las primeras informaciones sugieren que hombres fuertemente armados se presentaron como disidencias de las FARC y amedrentaron a los pobladores de la zona. Un juez se encuentra en el lugar para recabar evidencia y determinar la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en este acto violento.