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El exsenador Julio Manzur entrego una declaración reveladora ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que confirma que la EPS Emdisalud en Córdoba estaba bajo el control de grupos paramilitares y tenía más de 500 mil afiliados. Aseguró que a pesar de esta información ampliamente conocida, nunca se inició una investigación por malos manejos en esta entidad.


Según Manzur, en el departamento de Córdoba se creó Emdisalud, una empresa que era de dominio público que estaba vinculada a los paramilitares. Los paramilitares persuadían a los alcaldes, incluso algunos de sus amigos, para que afiliaran a sus ciudadanos a la ARS (Administradora de Régimen Subsidiado) que estaba siendo establecida por estos grupos armados. Este ARS llegó a tener más de medio millón de afiliados en Córdoba, un negocio de la salud que generaba considerables beneficios económicos.


Las declaraciones del exsenador Julio Manzur han arrojado una sombra de preocupación sobre la gestión de la salud en el departamento de Córdoba. La revelación de que una entidad de salud, como Emdisalud, estaba bajo el control de grupos paramilitares y que operaba con más de medio millón de afiliados es alarmante.


Esta confesión también plantea preguntas sobre la vigilancia y supervisión de las autoridades en la región. A pesar de que era un conocimiento general de que Emdisalud tenía vínculos con el paramilitarismo, la falta de una investigación oficial sobre su manejo financiero y legal plantea preocupaciones sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar la integridad y la transparencia en el sector de la salud. .


Además, la declaración de Manzur sobre la posibilidad de que el ARS haya llegado a tener cerca de un millón de afiliados subraya la magnitud del problema y la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de afiliación y gestión en el sistema de salud en Córdoba durante ese período.


Esta revelación es un llamado a la acción para investigar a fondo las operaciones de Emdisalud y cualquier otra entidad de salud que pueda haber estado involucrada en actividades ilícitas o bajo el control de grupos al margen de la ley. También la importancia de garantizar que el sistema de salud opere de manera transparente y eficiente para el beneficio de la población.




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