Decenas de indígenas de San Andrés de Sotavento protagonizaron una manifestación en la ciudad de Montería el martes 1 de agosto, para exigir que permitan al cacique Miguel Ramos cumplir con sus funciones, tras ser elegido en elecciones democráticas. Según los denunciantes, Ramos ha sido impedido de ejercer sus obligaciones, lo que vulnera los derechos de los pueblos indígenas.
Darío Enrique Díaz Hernández, presidente de la Veeduría Nacional "Velar por Más Transparencia", denunció que en noviembre pasado, el pueblo Zenú de San Andrés de Sotavento eligió a Ramos en elecciones "libres y transparentes", pero sus funciones han sido invalidadas por acciones que alteraron los estatutos y normas indígenas.
Según Díaz Hernández, Eder Espitia modificó los estatutos para permitir una votación a favor de un capitán y tres miembros por cabildo, con el objetivo de mantenerse en el poder, lo que ha generado un conflicto en la comunidad.
La protesta se llevó a cabo frente al comando de la Policía de Córdoba, lugar donde estaba prevista una reunión con la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Liliana Solano Ramírez. Sin embargo, el encuentro no se concretó debido a un cambio repentino de la sede de la reunión, lo que provocó la manifestación.
Los manifestantes esperan que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, aborde este conflicto y garantice el respeto a la elección democrática de su cacique. Aunque expresaron cierta desconfianza en el proceso, ven al Ministerio del Interior como el ente encargado de resolver la situación y proteger los derechos de las comunidades indígenas.
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