El periodista Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7, ha tenido que exiliarse junto con su familia debido a las reiteradas amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses. Pico ha sido objeto de cuatro amenazas, incluyendo un incidente en el que dos hombres que se identificaron como miembros del Clan del Golfo ingresaron a su vivienda.
Estas amenazas están relacionadas con las investigaciones que el periodista ha realizado sobre las canteras ilegales en el departamento y su cobertura del paro minero en el Sur de Córdoba.
El pasado 21 de mayo, después de que los escoltas que formaban parte de su esquema de protección lo dejaran en su casa, dos hombres irrumpieron en su residencia, confrontándolo por sus investigaciones y amenazándolo de muerte. Estas amenazas han llevado a Jhan Pico a entregar su esquema de protección y buscar refugio en otro país, ya que no se siente seguro para continuar con su trabajo en condiciones adecuadas.
Es importante resaltar que Jhan Pico no es el único periodista en el Sur de Córdoba que ha sido amenazado. Otros periodistas, como Rafael Emiro Moreno, Organis Cuadrado y Walter Álvarez, también han recibido amenazas de muerte sin que se hayan realizado avances significativos en las investigaciones de estos casos.
La situación de violencia y amenazas contra los periodistas en el departamento de Córdoba es alarmante. En lo que va del año, se han registrado dos asesinatos de periodistas y 17 casos de amenazas en la región. Estas situaciones ponen en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas y la falta de seguridad para ejercer su labor informativa.
Ante esta preocupante situación, se hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen de manera diligente y oportuna las amenazas y actos de violencia contra los periodistas. Además, se insta a la instalación de una mesa técnica por parte de la Fiscalía General de la Nación para diseñar e implementar estrategias efectivas que brinden protección y seguridad a los periodistas en el Sur de Córdoba.
La Defensoría del Pueblo también debe analizar esta situación y activar mecanismos de alerta temprana para prevenir actos de violencia contra la prensa. Asimismo, se solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que brinde una atención oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo, evitando demoras en los procesos de protección.
La situación de exilio y amenazas contra los periodistas evidencia la urgencia de acciones por parte del Estado para garantizar la seguridad y protección de los comunicadores en el ejercicio de su labor informativa.
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