La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión trascendental al decretar medidas cautelares en dos cementerios ubicados en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, como parte de la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Esta medida se ha implementado en respuesta a los testimonios e información proporcionada por más de 100 comparecientes, quienes incluyen exmiembros de las Farc, civiles y miembros actuales y anteriores de la fuerza pública.
Los cementerios afectados, pertenecientes a los municipios de Mutatá y Carepa, serán objeto de las medidas cautelares durante un período inicial de seis meses, el cual podría extenderse según los avances y necesidades de la investigación liderada por la JEP. El objetivo fundamental de esta acción es preservar los posibles restos óseos y cualquier detalle que pueda contribuir al esclarecimiento de casos de desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado.
Antes de tomar esta decisión, los investigadores del tribunal de paz llevaron a cabo inspecciones en ambos cementerios, donde se descubrió la sustracción de restos óseos de personas que habían sido enterradas bajo alias. Asimismo, se recibieron denuncias de extrabajadores que indicaron que hasta 20 cuerpos fueron enterrados en una sola fosa común.
En el caso del cementerio de Carepa, se identificaron nuevas construcciones en áreas específicas, señaladas por uno de los exmilitares como lugares donde la Brigada 17 del Ejército Nacional enterraba a víctimas del conflicto armado sin identificación, conocidas como "NN".
El auto de la JEP establece la suspensión inmediata de cualquier obra de remodelación o construcción que pudiera afectar los lugares donde se encuentran inhumados cuerpos no identificados. Estas acciones forman parte del macrocaso 04 sobre la situación territorial del Urabá, que investiga los graves crímenes cometidos por agentes del Estado, guerrillas y grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Es importante destacar que las medidas cautelares adoptadas por la JEP representan un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada en la región de Urabá. El compromiso de las autoridades y la valiosa colaboración de los comparecientes son fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto y contribuir a la construcción de una paz duradera en Colombia.
El tribunal de paz continuará trabajando con determinación en esta delicada tarea, con la esperanza de que se pueda brindar un mínimo de consuelo y cierre a las familias de los desaparecidos. La búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo una prioridad para la JEP, ya que es esencial para la reconciliación y la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.
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