El informe presentado por el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, ha generado preocupación sobre la presencia e influencia del Clan del Golfo en gran parte del territorio nacional. Según sus declaraciones, este grupo armado ilegal tiene injerencia en 24 de los 32 departamentos del país y en 392 municipios.
La situación es especialmente alarmante en las zonas que fueron abandonadas por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el proceso de paz. Allí, las estructuras armadas del Clan del Golfo han logrado fortalecerse y ganar terreno, lo que representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad en esas regiones.
El informe también revela la presencia de otros grupos armados ilegales en distintas partes del país. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia en 19 departamentos y 224 municipios, especialmente en la frontera con Venezuela y en la región del Pacífico. El Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC liderada por alias 'Iván Mordisco', se encuentra en 18 departamentos y 180 municipios, principalmente en el suroeste del país y en la Amazonía.
Además, las disidencias de las FARC denominadas Segunda Marquetalia operan en 14 departamentos y 69 municipios, con mayor concentración en el suroeste y también en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.
La presencia de estos grupos armados ilegales no solo representa un riesgo para la seguridad de las comunidades locales, sino que también genera preocupación de cara a las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. Se teme que estos grupos puedan intentar influir en el proceso electoral y alterar el orden público en diversas zonas del país.
En respuesta a esta situación, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a fortalecer los gobiernos regionales y al gobierno nacional para garantizar la seguridad en los territorios y proteger a las comunidades más vulnerables. También resaltó la importancia de que los alcaldes y gobernadores no sean intimidados por los grupos armados y que se garantice la democracia en el país.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades colombianas deben tomar medidas contundentes para enfrentar a los grupos armados ilegales y proteger la integridad de la población. Es fundamental que se fortalezcan los esfuerzos de seguridad y se implementen estrategias para desmantelar estas organizaciones criminales que representan una amenaza para la paz y la estabilidad del país.
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