Un grupo de 54 excongresistas y exmagistrados vieron frustrados sus intentos de revivir el pago de megapensiones, tras ser reducidas por la Corte Constitucional en 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inadmitió la demanda presentada por estos funcionarios, quienes también buscaban indemnización por los pagos no recibidos en los últimos 10 años.
La Corte Constitucional estableció un tope de $16 millones para las mesadas pensionales de estos altos funcionarios del Estado. La CIDH concluyó que el tribunal constitucional colombiano no violó los derechos de los demandantes, respaldando la decisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
La petición de los excongresistas y exmagistrados buscaba no solo revivir los pagos, sino también ser indemnizados por las cantidades dejadas de percibir desde el fallo de la Corte Constitucional. Algunos de estos funcionarios tenían mesadas equivalentes a entre 30 y 40 salarios mínimos, lo que implicaba retroactivos por un total de aproximadamente $80.000 millones.
La Andje, en su respuesta a la denuncia internacional, respaldó la decisión de la Corte Constitucional y señaló que la demanda carecía de fundamentos para considerarse admisible, ya que no constituía violaciones a obligaciones convencionales adquiridas por el Estado colombiano.
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