Estas declaraciones van en contra de numerosas decisiones judiciales y hechos probados que han establecido la responsabilidad de grupos paramilitares y agentes estatales en la masacre de Mapiripán. A lo largo de 26 años, se han condenado a 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales, y otros continúan bajo investigación. Estas decisiones judiciales han confirmado la participación conjunta de grupos paramilitares y fuerzas militares en esta operación violenta.
Es importante destacar que el excomandante paramilitar Carlos Castaño, en su momento, se atribuyó la responsabilidad de la masacre de Mapiripán, reivindicando las muertes y amenazando con más acciones similares en el futuro. Además, instancias judiciales nacionales e internacionales han esclarecido la responsabilidad de los grupos paramilitares y han reconocido la responsabilidad del Estado colombiano en este crimen, debido a la actuación conjunta de agentes estatales con los paramilitares.
Las afirmaciones falsas de Mendoza y la filtración selectiva de su declaración en una audiencia reservada solo contribuyen a distorsionar la verdad y revictimizar a las víctimas de la masacre de Mapiripán. Estas acciones buscan favorecer a los perpetradores y socavan los esfuerzos de las víctimas y sus familias que han luchado durante más de 26 años por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Ante esta situación, se hace un llamado a la JEP para que active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad al compareciente Elí Mendoza, ya que sus declaraciones falsas constituyen un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la Jurisdicción transicional. Asimismo, es necesario garantizar la protección y seguridad de las víctimas y sus familiares, quienes han enfrentado grandes desafíos en su búsqueda de justicia y verdad.
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