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La historia ha generado sorpresa y consternación en la comunidad de Soacha, Cundinamarca, luego de que varios policías fueran involucrados en un caso de extorsión a comerciantes locales. El hecho se produjo cuando los uniformados exigieron dinero a unos comerciantes acusados en el pasado de un presunto delito sexual.


Según las denuncias de las personas extorsionadas, los agentes del Gaula les exigían dos millones de pesos y les imponían la condición de entregar un millón semanalmente. Ante esta situación, una de las víctimas logró reunir el dinero exigido y fue llevada a una estación de Policía, donde estuvo detenida por dos horas.


La liberación de la víctima estaba condicionada a entregar semanalmente 500 mil pesos a los policías extorsionistas. Sin embargo, cuando la entrega del dinero se llevó a cabo y los agentes del Gaula intervinieron para capturar a los involucrados, uno de los policías decidió tragarse los billetes para eliminar cualquier evidencia.


El agente tuvo que ser asistido de emergencia y trasladado a un centro asistencial para extraer los billetes que se habían atorado en su garganta. En la actualidad, se encuentra hospitalizado y bajo observación médica.


El director de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, confirmó la veracidad de los hechos y condenó el proceder ilegal de los patrulleros de la Policía Metropolitana de Soacha. Indicó que los policías involucrados tienen entre 30 y 35 años de edad, y uno de ellos ingirió un billete de 100 mil pesos y ocho billetes de 50 mil pesos, sumando un total de 500 mil pesos, el monto exigido a la víctima.


El director Silva mencionó que la captura de los policías fue registrada en video como evidencia, obtenida de las cámaras de seguridad del establecimiento de comercio donde se llevó a cabo la entrega del dinero. Además, se legalizó el procedimiento de captura por parte de un juez de la República, y a los involucrados se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo y extorsión agravada, debido a la retención ilegal de la persona y la destrucción de evidencia por parte del agente que ingirió los billetes.


Este escandaloso caso ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la conducta ética y profesional de algunos miembros de la fuerza pública. Las autoridades competentes continúan investigando a fondo el incidente para determinar responsabilidades y garantizar que este tipo de acciones ilegales no se repitan en el futuro.

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