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La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo ha solicitado al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sincé que imponga la medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario a funcionarios de la entidad y a un abogado acusados de actos de corrupción.


En una extensa audiencia, la fiscal presentó pruebas detalladas de las presuntas acciones ilegales cometidas por los acusados, argumentando la necesidad de imponer la medida debido a la gravedad de los delitos, su reiteración y la protección de las pruebas y testigos-víctimas.


Los acusados enfrentan cargos de concusión, concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión agravado, peculado por uso, acceso abusivo a sistema informático y revelación de secreto. Permanecen en prisión desde el 30 de mayo y se les imputaron los cargos el 2 de junio.


La fiscal destacó que los acusados utilizaban información privilegiada, como órdenes de Policía Judicial, para extorsionar a las víctimas a cambio de dinero, lo cual es considerado vergonzoso e inaceptable para la administración de justicia.


Además, se reveló que los investigadores del CTI se reunían con los detenidos en la Estación de Policía de Sincé para solicitarles dinero. La fiscal también expuso casos de intimidación a las víctimas y testigos, evidenciando un ambiente de temor y amenazas.


La implicación de los investigadores con el Clan del Golfo fue destacada, lo que llevó a la fiscal a remitir copias a la Fiscalía Especializada de Sincelejo para que se realicen las investigaciones correspondientes.


El abogado acusado, Yahany Merlano Valeta, se aprovechaba de su relación sentimental con una investigadora para utilizar el vehículo oficial de la Fiscalía y cobrar por sus servicios, a pesar de ser un defensor público, lo cual es gratuito según la Defensoría del Pueblo.


La fiscal concluyó afirmando que estas conductas ponen en entredicho la integridad de todos los servidores judiciales y expresó su preocupación por los compañeros implicados en estos actos de corrupción.


La decisión del juez sobre la solicitud de detención preventiva aún está pendiente, mientras tanto, los acusados continúan privados de su libertad.

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