La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra dos exdirectores de la Unidad para las Víctimas y dos coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas por presuntas irregularidades en los arriendos de 17 inmuebles que vienen de Justicia y Paz. La investigación surge luego de evidenciarse que los valores de los arriendos se encontraban muy por debajo de los estimativos del mercado.
Durante la inspección disciplinaria, se constató que los bienes arrendados incluían lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y un parqueadero, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Cesar y Córdoba. Los arriendos oscilaban entre los 43 mil y los $1.462.510, lo que se considera irrisorio en comparación con los valores de mercado.
Los exdirectores Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, así como los coordinadores Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, son los sujetos de investigación por parte de la Procuraduría.
Ante la evidencia de las irregularidades, la Procuraduría recopilará pruebas a través de una inspección disciplinaria en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como un dictamen técnico-científico.
Entre los bienes más destacados que se encuentran bajo investigación se encuentran el predio "La Esperanza" y el predio "Bellavista" en el municipio de El Dorado, Meta, con valores de arrendamiento muy por debajo de los estimativos mínimos.
La apertura de esta investigación ha generado preocupación y ha puesto en alerta a la comunidad y a las autoridades, quienes esperan que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia en los procesos de arrendamiento y reparación a las víctimas.
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