El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 929 de 2023 con el objetivo de reducir las tarifas de electricidad que pagan los usuarios en Colombia, a pesar de la oposición de los gremios del sector.
El decreto ha generado críticas por parte de varios gremios, ya que consideran que excede los límites establecidos, ya que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha sido la encargada de regular las tarifas. Algunos argumentan que esta medida podría socavar la confianza en el sector y desalentar nuevas inversiones.
El objetivo del decreto es avanzar en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, buscando orientar la regulación y promover una competencia efectiva en los segmentos de mercado donde sea posible. Se espera que estas medidas aumenten la eficiencia del sistema eléctrico y conduzcan a precios justos para los usuarios, según Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
Es importante destacar que el decreto ordena a la Creg adoptar regulaciones que incluyan un seguimiento más riguroso de los vertimientos de agua de las hidroeléctricas. Esta medida se tomó después de un análisis de la Superintendencia de Servicios Públicos, que reveló que las hidroeléctricas no estaban ajustando sus ofertas en la bolsa de energía en función de los pronósticos del clima o el nivel de los embalses.
Además, el decreto busca que los operadores de red instalen techos solares en barrios con problemas de recaudo en tarifas, con el fin de reducir los costos por pérdidas en el sistema. Por otro lado, aquellos que instalen soluciones no convencionales en sus viviendas estarían exentos de pagar el cargo conocido como 'energía reactiva'.
El Gobierno también solicita a la Creg flexibilizar el cobro de garantías en el mercado mayorista de energía y establecer mecanismos para que los usuarios y los agregadores de demanda puedan ofrecer reducciones, desconexiones de demanda u otros esquemas de participación en el Mercado de Energía Mayorista.
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