En el municipio de Sincé, Sucre, se ha descubierto un grave caso de concierto para delinquir que involucra a agentes de la Fiscalía General de la Nación. Estos funcionarios habrían estado colaborando con criminales, brindándoles apoyo para garantizar su liberación una vez capturados por las autoridades.
Como resultado de una investigación llevada a cabo por la Dijín de la Policía Nacional, fueron capturados varios implicados en el caso. Entre ellos se encuentran Marta Luz Valeta Herazo, fiscal seccional de Sincé, y los funcionarios del CTI de la Fiscalía Diana Margarita García Santos, Freddy Enrique Arroyo Pastrana, Richard José Fuentes Gómez y Ramón Espinoza Benavides. También fue retenido Jahan Ulises Merlano Valeta, abogado y primo de Valeta Herazo.
Los detenidos enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por el uso y acceso abusivo a un sistema informático, revelación de secreto, prevaricato y abuso de autoridad, entre otros.
Según las autoridades, la investigación reveló que Merlano Valeta, aprovechando su posición como abogado, junto con su prima, la fiscal seccional, exigían dinero a personas que estaban bajo investigación o que ya habían sido capturadas por diversos delitos. A cambio de grandes sumas de dinero, les ofrecían la posibilidad de obtener su libertad y favorecer sus procesos penales, contando con la complicidad de los agentes del CTI involucrados.
Se constató que, gracias a la intervención de los implicados, un sospechoso de homicidio logró recuperar su libertad de manera casi inmediata, ya que recibía el material probatorio de la Fiscalía para que el abogado Merlano Valeta se encargara de su defensa.
El juez Alberto Andrés Cote, encargado del caso que involucraba a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, renunció a su cargo debido a múltiples amenazas recibidas. Estas amenazas buscaban que el juez dejara en libertad a los sindicados que presuntamente contaban con la ayuda de criminales y que se verían beneficiados por la influencia de la red corrupta.
Tras la renuncia de Cote, la Fiscalía General de la Nación designó un nuevo juez que liderará la audiencia en la cual se espera que se impongan medidas de aseguramiento a los sindicados, quienes podrían enfrentar severas condenas por aprovechar su posición de servidores públicos para favorecer a criminales.
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