Bukele nombra a colombiano Andrés Guzmán como comisionado presidencial para derechos humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, designó el miércoles al colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para los derechos humanos. Guzmán previamente ocupó el cargo de titular de Derechos Humanos en Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión en la Defensoría de Colombia.

Con este nombramiento, el gobierno de Bukele busca reafirmar su compromiso con los derechos humanos de la población salvadoreña. Sin embargo, el presidente critica a las organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional, alegando que anteponen sus intereses al bienestar de los salvadoreños.

El reciente asesinato de un agente de policía por parte de pandilleros llevó a Bukele a publicar un mensaje en Twitter dirigido a los defensores de los derechos humanos, prometiendo "arrasar" con los asesinos y sus colaboradores, y encarcelarlos de por vida.

El nombramiento de Guzmán Caballero, un abogado especializado en derecho de nuevas tecnologías, se produce en medio de acusaciones reiteradas de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado tras una ola de violencia sin precedentes en el país.

Tres relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron su rechazo a la reciente renovación del régimen de excepción en El Salvador y pidieron su finalización inmediata, argumentando que el gobierno no puede socavar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública.

El estado de excepción, aprobado por el Congreso controlado por el partido Nuevas Ideas y sus aliados, suspende varios derechos constitucionales, amplía el plazo de detención preventiva y autoriza la intervención de la correspondencia y los teléfonos celulares de personas consideradas sospechosas.

Según datos oficiales, más de 68.000 presuntos pandilleros o colaboradores han sido detenidos durante el régimen de excepción, con el 90% bajo detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. No obstante, más de 5.000 personas han sido liberadas al no encontrarse evidencia de su vinculación con estos grupos criminales, según las autoridades.