Descubren 16 fincas que se conectaron fraudulentamente al acueducto regional costanero en Córdoba

El Acueducto Regional Costanero en Córdoba, es un proyecto que busca garantizar el acceso al agua potable en varias poblaciones rurales de la región. Sin embargo, las comunidades de los municipios de Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido han elevado quejas debido a las fallas que presenta el servicio, como las bajas presiones en el suministro.

Recientemente, se identificaron 16 conexiones fraudulentas en fincas ubicadas en sectores rurales, las cuales se abastecen del servicio que está destinado para las comunidades mencionadas anteriormente. Se estima que entre un 30 y 40% del agua que es bombeada y conduce a poblaciones rurales, está quedando en manos de finqueros de forma irregular.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, había pedido a las secretarías de Infraestructura y Planeación de Montería trabajar en el desarrollo del Plan Departamental de Aguas para aprovechar la capacidad del acueducto costanero y llevar el servicio a las poblaciones rurales ubicadas en la margen izquierda de la capital cordobesa.

Sin embargo, las 16 conexiones fraudulentas identificadas restan presión al bombeo de agua, afectando a las comunidades beneficiarias del proyecto y generando una prestación del servicio deficiente. Además, el proyecto se ha visto comprometido por otros factores, como el recambio de tuberías que no contempló el revestimiento interno, lo que ocasionó residuos de óxido en el agua que llegaba a los hogares.

El Consorcio Soluciones Hidráulicas, responsable del proyecto, señaló que la necesidad de revestir internamente las tuberías fue presentada ante el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Córdoba, pero no fue contemplada en el contrato inicial. Tras un proceso sancionatorio por incumplimiento, se logró que el contratista asumiera el recambio de las tuberías instaladas en los últimos 20 kilómetros de red.

A la fecha, la obra que fue contratada desde el año 2014, suma recursos que superan los 90 mil millones de pesos. La identificación de las conexiones fraudulentas y otros problemas en el proyecto han generado preocupación entre las comunidades que dependen del servicio de agua potable en la región.