El cantante vallenato Álex Manga ha negado rotundamente las sospechas de la empresa Air-e en Atlántico, la cual ha afirmado haber encontrado un supuesto fraude en la finca 'Villa Mayo', propiedad del artista en el municipio de Polonuevo.
Según el gerente de servicios jurídicos de Air-e, Fermín De la Hoz Torrente, la finca tiene 11 piscinas que consumen aproximadamente 35 mil pesos en energía para su cría y comercialización, y durante un operativo desarrollado por técnicos especializados, se detectan líneas directas por fuera del medidor que evadían el pago del consumo real de energía.
En respuesta, Manga publicó un video en redes sociales explicando lo sucedido. "He sido víctima de una calumnia por parte de empleados de Air-e, quienes me acusan de un fraude en mi propiedad, la cual tengo arrendada desde hace mucho tiempo y no me visitó en más de un año", dijo el artista.
Manga afirmó que la finca estaba arrendada a un joven que la desocupó en junio del año pasado, y desde noviembre de 2021, la ha arrendado a Alvaro Bobadilla y Julio Cabarcas, quienes usan el sistema de piscicultura de la propiedad. Además, declaró que el 90% de las piscinas están desocupadas y solo una piscina se usa para alevinos.
El cantante también dijo que la propiedad cuenta con paneles solares y plantas eléctricas debido a los problemas con el servicio que Air-e presta en la región.
Manga admitió que se realizó una conexión externa por "emergencia" después de una caída de luz, pero solicitó una retractación de las protestas o tomará medidas legales contra Air-e.
“Le pido al señor de Air-e, quien publicó un video que se ha vuelto viral, que se retracta en sus palabras o me veré obligado a tomar medidas legales contra él, ya que está atentando contra mi buen nombre”, agregó.
Manga también dijo que tiene pruebas de que la propiedad está al día en sus pagos de energía y publicará los contratos de arrendamiento y los recibos de pago para desmentir las acusaciones de Air-e.
Según Air-e, el robo de energía está tipificado como defraudación de fluidos y puede resultar en penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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