Cierra sede en Tarazá por secuestro de funcionarios. Culpa a “Gonzalito” y dice que Ejército y Policía no hicieron nada: Fiscalía

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó detalles de la situación de orden público en Tarazá y rechazó los hechos violentos ocurridos.

Este 6 de febrero de 2023 el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó los hechos ocurridos el día 3 del mismo mes, cuando fueron secuestrados tres fiscales de la dirección seccional Antioquia, y a una funcionaria de un juzgado en Tarazá.

“Después de escuchar a las víctimas, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados, fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máxima cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien tiene orden de captura de extradición vigente, y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno, fueran levantadas”, detalló el fiscal Barbosa.

Además, dijo que luego de recopilar evidencia, se logró expedir una orden de captura contra ‘Gonzalito’ por el delito de secuestro agravado.

“Ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia”, anunció el fiscal general de la Nación.

Reveló, además, que los fiscales secuestrados manifestaron su preocupación por la seguridad en la zona, debido a que los habrían transportado a través de tres puestos de control del Ejército y la Policía, sin embargo, en ningún punto realizaron acciones preventivas para garantizar el orden público en el sitio.

Por lo anterior, que se citará a los funcionarios y miembros de la fuerza pública y militar, responsables de esa zona antioqueña, para rendir cuentas de las acciones realizadas frente a los hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de la población civil y servidores públicos en el sector.

“En Tarazá, la Fiscalía ha fortalecido su operación con cooperación internacional en los últimos años. Pero es muy lamentable que situaciones como esta sucedan en uno de los 170 municipios que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-EP”, señaló Barbosa.

Hizo también un llamado al Gobierno y las autoridades nacionales y locales, para articular esfuerzos con los que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

“No podemos aceptar, desde ningún punto de vista, como Fiscalía General de la Nación, que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace ya más de 20 años (…) No podemos admitir que nuestros funcionarios terminen siendo objeto de ataques y secuestros por parte de grupos armados que actúan de una manera libre en ciertos territorios del país”.