Por pagarles a estos agentes, el ente de vigilancia advirtió que podían deteriorarse aún más los estados financieros de las entidades.
Cuando un hospital público es objeto de una medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ese ente designa a un agente especial que tiene a su cargo restablecer el rumbo de su situación financiera y de atención en salud.
No obstante, desde que se posesionó en su cargo, el nuevo superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, ha señalado que deben ponerles la lupa a estos agentes y a los ingresos que obtienen por sus trabajos. Lo mismo a los que tienen a su cargo los procesos de liquidación de distintas EPS que han salido del sistema de salud.
“Estamos haciendo un llamado de advertencia a los liquidadores que están al frente de esas entidades para que revisen la responsabilidad que les cabía a aquellos que provocaron el colapso de la entidad de salud y actúen en consecuencia para establecer los alcances penales, administrativos, fiscales y disciplinarios de sus antecesores”, dijo el alto funcionario a finales de noviembre pasado.
De hecho, en ese momento también advirtió que interventores, liquidadores y contralores que tuvieran que ver con las liquidaciones de las EPS debían hacer públicas sus declaraciones de renta. En su momento, indicaron por medio de una circular que se trataba de una directriz que era de inmediato cumplimiento.
También les recordaron a esos agentes liquidadores que son responsables de los “actos emitidos en contravención de las reglas del proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud”.
A través de un comunicado público, la Superintendencia de Salud advirtió que una de las causas que “contribuyen” al malestar financiero de algunos hospitales radicaba en el dinero que devengan algunos agentes especiales.
Por ello, la entidad informó que hará una serie de “ajustes” a la forma en la que se calculan los honorarios de los agentes especiales que fungen como interventores y contralores en esas entidades vigiladas.
“Antes de contribuir al saneamiento de la institución prestadora, los pagos a estos agentes especiales estaban generando el progresivo deterioro financiero por el tamaño de recursos que recibían estas personas allí designadas. Le estamos poniendo freno a estos excesos”, dijo el superintendente Ulahí Beltrán.
Esto se debe, según explicó la Superintendencia de Salud, a que esos honorarios se cargan directamente a los recursos de la entidad que está siendo vigilada. Como las entidades solo son intervenidas cuando están en difíciles situaciones financieras, el ente de vigilancia hizo énfasis en que debe haber más atención sobre ese tema.
“Para el país, esta medida restaura la confianza y la credibilidad en una Superintendencia que no está para premiar ni tener una complicidad con el infractor, sino para solidarizarse con el afectado, que es tanto el usuario como quienes han venido siendo perjudicados de manera crónica, reiterativa y sistemática por aquellos que han manejado los recursos de la salud en el país”, añadió el superintendente.
El ente a su cargo especificó que a partir de ahora los interventores que reciban a su cargo, casos como el del hospital Luis Ablanque de la Plata, de Buenaventura, que es de baja y mediana complejidad, recibirían cerca de 17 millones de pesos mensuales, en promedio.
Según indicaron, la normativa que estuvo vigente entre 2019 y 2022 permitía que las personas que cumplían con este rol recibieran hasta 31 millones de pesos al mes. Señalaron que en términos generales los agentes especiales, interventores de hospitales o liquidadores de EPS no podrán recibir más de 20 millones de pesos mensuales.
La entidad también está buscando que haya incentivos para los agentes que cumplan a cabalidad con su trabajo. “Los nuevos criterios de la metodología de honorarios también incluyen reconocer una bonificación para aquellos interventores que ejerzan sus funciones en territorios que tienen problemas de orden público o sean de difícil acceso”, advirtieron.
A su vez, esta normativa advirtió que también buscan ponerle “freno” a la práctica de que los interventores o liquidadores que fungen al mismo tiempo como liquidadores de varias EPS.
“No se permitirá el desempeño simultáneo de un agente especial interventor o liquidador en más de una Entidad Promotora de Salud (EPS)”, advierte la resolución.
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